LA PAZ, 18 sep (Reuters) - La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó el viernes el acuerdo que permitirá al país acceder a un financiamiento de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos de escasez de divisas, deterioro fiscal y caída de las reservas internacionales que enfrenta el presidente Rodrigo Paz.
La decisión se produjo un día después de que la Cámara de Diputados aprobara el acuerdo y lo remitiera al Senado para su revisión constitucional.
El crédito corresponde a un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y facilitaría el acceso a más de 5.000 millones de dólares adicionales de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros socios, por lo que representa una pieza central del intento de Bolivia por recuperar el financiamiento externo.
A cambio, Bolivia deberá ejecutar un programa de estabilización que contempla una reducción del déficit fiscal, mayor disciplina monetaria, un régimen cambiario más flexible y reformas para mejorar la productividad y el clima de inversión.
El programa también contempla limitar el financiamiento monetario del déficit público.
Uno de los puntos de mayor impacto será la política de combustibles, ya que el programa prevé la eliminación de las subvenciones, mientras el Gobierno sostiene que la reducción del gasto debe ir acompañada de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.
El ministro de Economía, Christian Morales, defendió el acuerdo ante el Legislativo y recordó que el Gobierno recibió una economía con 3.167 millones de dólares en reservas internacionales netas, de los cuales apenas 52 millones correspondían a reservas líquidas.
"Tener 52 millones de reservas internacionales netas en liquidez es absurdo en una economía. Por eso, este financiamiento nos va a permitir reconstruir nuestras variables macroeconómicas", dijo.
El Gobierno proyecta que las reservas alcancen cerca de 6.000 millones de dólares al cierre de 2026, casi 8.000 millones en 2028, cuando concluya el programa, y alrededor de 9.067 millones en 2031.
También prevé reducir el déficit fiscal desde un 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 al 6,4% en 2027 y a 3,8% en 2028.
RIESGOS DEL AJUSTE
El economista e investigador Gonzalo Colque ha cuestionado la magnitud y velocidad del ajuste, al considerar que reducir el déficit en 8,5 puntos porcentuales del PIB en tres años representa una meta excepcionalmente exigente y concentra buena parte del impacto en 2027, con la eliminación de los subsidios a los combustibles y una mayor flexibilidad cambiaria.
Colque sostiene que el encarecimiento de los combustibles podría trasladarse al transporte, la producción y los precios de otros bienes, afectando especialmente a hogares de menores ingresos y sectores que dependen del diésel. También cuestiona que el programa no fije límites explícitos para efectos como desempleo, pobreza o una eventual recesión.
La diputada opositora Claudia Herbas también cuestionó el acuerdo y advirtió sobre posibles efectos en las tasas de interés y las tarifas de servicios públicos.
Sus declaraciones reflejan una de las principales controversias políticas en torno al programa: cómo distribuir el costo del ajuste entre el Estado, las empresas y los hogares.
Los 1.900 millones de dólares no llegarán como un desembolso único, ya que el acuerdo contempla hasta 36 meses de desembolsos vinculados al cumplimiento del programa y sus revisiones. El monto técnico es de 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Según explicó Morales, el financiamiento tendrá un plazo de repago de hasta 10 años desde cada desembolso, con un periodo inicial de cuatro años y medio antes de la amortización y una tasa que, según las condiciones presentadas por el Gobierno, oscilará entre 3% y 3,5% anual.
(Reporte de Daniel Ramos;Editado por Lucila Sigal y Jorge Otaola)